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La agencia U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) planea invertir 38,3 mil millones de dólares para ampliar su red de centros de detención en todo Estados Unidos y aumentar su capacidad a 92 600 camas, de acuerdo con documentos internos obtenidos recientemente. 

El plan, que forma parte de una iniciativa más amplia para reforzar las deportaciones, contempla la construcción de ocho instalaciones de gran tamaño que podrían albergar entre 7 000 y 10 000 personas cada una, así como 16 centros regionales de procesamiento donde los detenidos permanecerían entre 3 y 7 días antes de ser trasladados. 

Además, ICE planea adquirir y modernizar 10 instalaciones ya existentes para incorporarlas al nuevo esquema de detención. Según los documentos, todos los centros estarían en funcionamiento para noviembre de 2026. 

La expansión se financiaría con recursos de un paquete de gastos aprobado el año pasado por el Congreso, que destinó una cantidad sin precedentes para el control migratorio y la infraestructura de detención. Hasta ahora, se ha reportado un significativo incremento en el número de inmigrantes bajo custodia de ICE en comparación con períodos anteriores. 

Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por la rapidez y escala de la expansión, argumentando que podría poner en riesgo la fiscalización adecuada y las condiciones de detención de los migrantes.  

Texas

La administración de Donald Trump está enviando a todas las menores migrantes embarazadas no acompañadas a un único albergue en San Benito, Texas, una decisión que ha generado fuertes cuestionamientos dentro del propio gobierno federal.

De acuerdo con fuentes de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependiente del U.S. Department of Health and Human Services, el centro y la región no cuentan con la atención especializada necesaria para embarazos de alto riesgo. Desde finales de julio, más de una docena de adolescentes —algunas de apenas 13 años— han sido trasladadas al lugar; varias habrían quedado embarazadas tras sufrir violencia sexual.

Expertos en salud materna advierten que concentrar los casos en Texas, donde el aborto está prácticamente prohibido, podría retrasar o limitar la atención médica en emergencias como embarazos ectópicos o infecciones graves. Médicos también señalan que el sur de Texas enfrenta carencias en servicios obstétricos especializados.

La medida rompe con la práctica federal previa de ubicar a menores embarazadas en distintos estados con capacidad para atender embarazos de alto riesgo. Aunque hasta ahora no se han reportado complicaciones mayores, funcionarios consultados expresaron preocupación por los riesgos.

La administración sostiene que las decisiones de ubicación se basan en criterios de bienestar infantil y cumplimiento de la ley federal. Sin embargo, críticos consideran que la política podría poner en peligro la salud de las menores.