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St. Louis Park, Minnesota, EE. UU., 26 ene 2026 — Un juez federal ordenó la liberación inmediata de un empleado de hotel en Minnesota que fue arrestado por agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE), después de que trabajadores federales se hospedaran en el mismo establecimiento durante una operación de inmigración masiva, según documentos judiciales y reportes locales.

El incidente ocurrió el 19 de enero en el Hilton Homewood Suites de St. Louis Park, donde ICE había albergado a agentes como parte de la operación denominada Operation Metro Surge, una intensificación nacional del control migratorio impulsada por la administración del presidente Donald Trump. El empleado, un hombre de origen nicaragüense con estatus de refugiado y permiso de trabajo válido, fue detenido sin una orden judicial pese a que su empleador había sido informado previamente de su estatus legal por funcionarios de inmigración.

Contexto legal y orden judicial

Según la orden de la jueza federal Susan Nelson, las autoridades federales deben justificar formalmente la detención de una persona con estatus migratorio válido antes de privarla de libertad o trasladarla fuera del estado, lo que en este caso no ocurrió inicialmente. Aunque ICE trasladó temporalmente al hombre a un centro de detención en Texas, la jueza ordenó que sea liberado y permanezca bajo supervisión legal en Minnesota.

La detención de empleados de hotel en instalaciones donde se hospedan agentes migratorios se ha convertido en un foco de críticas y protestas en varias ciudades, ya que muchos trabajadores de la industria de la hospitalidad —que emplea a un gran porcentaje de inmigrantes— se sienten vulnerables bajo las nuevas directrices de control migratorio.

Operación Metro Surge y repercusiones más amplias

La captura del trabajador forma parte de Operation Metro Surge, lanzada a principios de 2026 por el Departamento de Seguridad Nacional con la supuesta finalidad de detener inmigrantes indocumentados o con historial criminal en áreas urbanas del país. Esta acción ha generado un aumento en detenciones sin orden judicial, protestas masivas y demandas legales presentadas por defensores de los derechos civiles.

En Minneapolis y St. Paul, críticas ciudadanas han señalado arrestos controversiales de residentes, incluidos inmigrantes legales, durante operativos en hoteles, hogares, hospitales y espacios públicos. Parte de la indignación se ha traducido en manifestaciones fuera de los hoteles donde se hospedan agentes federales, con arrestos de manifestantes por desórdenes públicos en regiones como Minnesota y Nueva York.

Organizaciones de derechos civiles y líderes sindicales advierten que estas operaciones tienen un efecto paralizante sobre comunidades inmigrantes, que evitan acudir a sus trabajos, citas legales y servicios públicos por miedo a ser detenidos o deportados.

Cuba Estados Unidos Headlines

Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas tras un enfrentamiento armado en aguas del norte de Cuba, informó el Ministerio del Interior.

El gobierno de Cuba aseguró que una lancha rápida registrada en Florida intentó ingresar al país con “fines terroristas” y que sus ocupantes abrieron fuego contra agentes fronterizos cubanos. Las autoridades respondieron al ataque, lo que dejó cuatro fallecidos y seis heridos.

Según el Ministerio del Interior, la embarcación, con matrícula estadounidense, transportaba a 10 ciudadanos cubanos que residían en Estados Unidos. A bordo se habrían incautado fusiles de asalto, pistolas, cócteles molotov, chalecos antibalas y uniformes militares.

El incidente ocurrió la mañana del miércoles a menos de una milla náutica de la provincia de Villa Clara, en la costa norte de la isla. De acuerdo con la versión oficial, cuando los guardafronteras se aproximaron para solicitar identificación, los ocupantes de la lancha abrieron fuego, hiriendo al comandante del buque cubano.

Las fuerzas cubanas respondieron al ataque, causando la muerte de cuatro de los tripulantes e hiriendo a los otros seis, quienes fueron trasladados para recibir atención médica. Las autoridades identificaron a los seis sobrevivientes y a uno de los fallecidos, mientras continúan las labores para confirmar la identidad de los otros tres muertos.

El diario The Washington Post indicó que no pudo confirmar de manera independiente la versión ofrecida por el gobierno cubano. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington llevará a cabo su propia investigación. Rubio se encontraba en Saint Kitts and Nevis al momento de conocer los hechos y señaló que la Guardia Costera estadounidense fue informada por su contraparte cubana.

“Verificaremos de manera independiente lo ocurrido y estaremos preparados para responder en consecuencia”, declaró el funcionario, calificando el tiroteo en mar abierto como un hecho “altamente inusual”.

Escalada de tensiones

El incidente se produce en medio de una creciente tensión entre Washington y La Habana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido las medidas económicas contra la isla, incluyendo restricciones energéticas que han agravado la crisis que atraviesa el país caribeño.

Tras una operación militar que derivó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, la administración estadounidense tomó control de las exportaciones petroleras de Venezuela y prohibió envíos de crudo a Cuba, que dependía en gran medida de ese suministro.

En un decreto reciente, Trump calificó las políticas del gobierno cubano como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense y advirtió que podría imponer aranceles a países que suministren petróleo a la isla.

Desde 1960, Estados Unidos mantiene un embargo comercial contra Cuba, instaurado tras la llegada al poder de Fidel Castro, quien derrocó al gobierno de Fulgencio Batista. Las relaciones diplomáticas fueron restablecidas en 2015 bajo la presidencia de Barack Obama y el mandato de Raúl Castro, aunque el acercamiento fue revertido en gran parte durante el primer mandato de Trump.

El actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha reiterado que su gobierno está dispuesto a dialogar con Washington, siempre que se respeten la soberanía y la no injerencia en asuntos internos.

Analistas señalan que la situación actual está marcada por la incertidumbre política y económica, en un contexto de presión internacional y dificultades internas que mantienen en vilo a la isla.

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Las armadas de México y El Salvador anunciaron esta semana importantes incautaciones de cocaína en el Océano Pacífico, producto de operativos marítimos coordinados, en contraste con los mortales ataques de las fuerzas de Estados Unidos a embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

El gobierno mexicano informó que casi cuatro toneladas de drogas fueron confiscadas en una embarcación semisumergible ubicada a unos 250 millas náuticas al sur del puerto de Manzanillo, con tres personas detenidas. Con este operativo, el total de cocaína incautada esta semana por México ronda las 10 toneladas, según el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, con inteligencia compartida por fuerzas estadounidenses.

Por su parte, la marina de El Salvador efectuó la mayor incautación de cocaína en la historia del país: 6.6 toneladas halladas en un buque interceptado a cientos de kilómetros de la costa, con diez personas arrestadas de diversas nacionalidades. Las autoridades salvadoreñas señalaron que se evitó la circulación de más de 19 millones de dosis de droga.

Estos decomisos se producen en medio de una campaña de Estados Unidos que ha incluido ataques letales a embarcaciones sospechosas, que esta semana dejaron al menos once personas muertas en tres barcos, parte de las más de 140 muertes registradas desde septiembre pasado en acciones contra lo que Washington denomina “narcoterroristas”.

La postura del gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido más crítica respecto a los ataques estadounidenses, pese a los esfuerzos bilaterales para enfrentar el tráfico de drogas a gran escala.

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La administración del presidente Donald Trump rechazó una orden judicial para facilitar el regreso a Estados Unidos de Any Lucía López Belloza, una estudiante universitaria que fue deportada por error a Honduras pese a una orden que prohibía su expulsión.

López Belloza, de 20 años, estudiante de primer año en Babson College en Massachusetts, fue detenida el 20 de noviembre en el Aeropuerto Logan de Boston mientras viajaba a Texas para sorprender a su familia en el feriado de Thanksgiving. Dos días después, fue enviada a Honduras, aunque la expulsión contravenía una orden judicial de emergencia que la protegía de ser removida del país por 72 horas.

El gobierno federal reconoció ante el tribunal que la deportación fue un “error involuntario” de un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), pero afirmó que no facilitará su regreso porque López Belloza “parece inadmisible” bajo las leyes de inmigración y seguiría sujeta a remoción si regresara.

Un juez federal de distrito había sugerido como posible solución otorgar a la estudiante una visa de estudiante o un estatus migratorio similar, pero el gobierno respondió que esa opción es “inviable” porque ella no cumple con los requisitos y está sujeta a una orden final de deportación.

La abogada de López Belloza ha señalado que seguirán litigando hasta lograr su retorno a Estados Unidos, mientras la joven continúa sus estudios a distancia desde Honduras, donde vive con sus abuelos.