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St. Louis Park, Minnesota, EE. UU., 26 ene 2026 — Un juez federal ordenó la liberación inmediata de un empleado de hotel en Minnesota que fue arrestado por agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE), después de que trabajadores federales se hospedaran en el mismo establecimiento durante una operación de inmigración masiva, según documentos judiciales y reportes locales.

El incidente ocurrió el 19 de enero en el Hilton Homewood Suites de St. Louis Park, donde ICE había albergado a agentes como parte de la operación denominada Operation Metro Surge, una intensificación nacional del control migratorio impulsada por la administración del presidente Donald Trump. El empleado, un hombre de origen nicaragüense con estatus de refugiado y permiso de trabajo válido, fue detenido sin una orden judicial pese a que su empleador había sido informado previamente de su estatus legal por funcionarios de inmigración.

Contexto legal y orden judicial

Según la orden de la jueza federal Susan Nelson, las autoridades federales deben justificar formalmente la detención de una persona con estatus migratorio válido antes de privarla de libertad o trasladarla fuera del estado, lo que en este caso no ocurrió inicialmente. Aunque ICE trasladó temporalmente al hombre a un centro de detención en Texas, la jueza ordenó que sea liberado y permanezca bajo supervisión legal en Minnesota.

La detención de empleados de hotel en instalaciones donde se hospedan agentes migratorios se ha convertido en un foco de críticas y protestas en varias ciudades, ya que muchos trabajadores de la industria de la hospitalidad —que emplea a un gran porcentaje de inmigrantes— se sienten vulnerables bajo las nuevas directrices de control migratorio.

Operación Metro Surge y repercusiones más amplias

La captura del trabajador forma parte de Operation Metro Surge, lanzada a principios de 2026 por el Departamento de Seguridad Nacional con la supuesta finalidad de detener inmigrantes indocumentados o con historial criminal en áreas urbanas del país. Esta acción ha generado un aumento en detenciones sin orden judicial, protestas masivas y demandas legales presentadas por defensores de los derechos civiles.

En Minneapolis y St. Paul, críticas ciudadanas han señalado arrestos controversiales de residentes, incluidos inmigrantes legales, durante operativos en hoteles, hogares, hospitales y espacios públicos. Parte de la indignación se ha traducido en manifestaciones fuera de los hoteles donde se hospedan agentes federales, con arrestos de manifestantes por desórdenes públicos en regiones como Minnesota y Nueva York.

Organizaciones de derechos civiles y líderes sindicales advierten que estas operaciones tienen un efecto paralizante sobre comunidades inmigrantes, que evitan acudir a sus trabajos, citas legales y servicios públicos por miedo a ser detenidos o deportados.

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La administración del presidente Donald Trump rechazó una orden judicial para facilitar el regreso a Estados Unidos de Any Lucía López Belloza, una estudiante universitaria que fue deportada por error a Honduras pese a una orden que prohibía su expulsión.

López Belloza, de 20 años, estudiante de primer año en Babson College en Massachusetts, fue detenida el 20 de noviembre en el Aeropuerto Logan de Boston mientras viajaba a Texas para sorprender a su familia en el feriado de Thanksgiving. Dos días después, fue enviada a Honduras, aunque la expulsión contravenía una orden judicial de emergencia que la protegía de ser removida del país por 72 horas.

El gobierno federal reconoció ante el tribunal que la deportación fue un “error involuntario” de un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), pero afirmó que no facilitará su regreso porque López Belloza “parece inadmisible” bajo las leyes de inmigración y seguiría sujeta a remoción si regresara.

Un juez federal de distrito había sugerido como posible solución otorgar a la estudiante una visa de estudiante o un estatus migratorio similar, pero el gobierno respondió que esa opción es “inviable” porque ella no cumple con los requisitos y está sujeta a una orden final de deportación.

La abogada de López Belloza ha señalado que seguirán litigando hasta lograr su retorno a Estados Unidos, mientras la joven continúa sus estudios a distancia desde Honduras, donde vive con sus abuelos.