Un niño sordo de seis años fue deportado de Estados Unidos a Colombia junto a su madre y su hermano menor después de que autoridades de inmigración los detuvieran durante una cita rutinaria con funcionarios federales en California, un caso que ha generado críticas de defensores de inmigrantes y autoridades educativas.

El menor, identificado como Joseph, fue detenido junto a su madre, Lesly Rodríguez Gutiérrez, y su hermano de cuatro años cuando acudieron a una oficina del programa de supervisión de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en San Francisco. La familia, originaria de Colombia, había solicitado asilo y vivía en Hayward, California.

Según el abogado de la familia, Nikolas De Bremaeker, los agentes detuvieron rápidamente a los tres durante la cita y los trasladaron a centros de detención antes de deportarlos. El abogado afirmó que las autoridades no permitieron que el niño recibiera su aparato auditivo ni otros dispositivos necesarios para comunicarse, a pesar de que un familiar esperaba afuera del edificio con el equipo médico.

El niño utiliza un implante coclear y depende principalmente del lenguaje de señas estadounidense (ASL) para comunicarse. Defensores de inmigrantes argumentan que negarle acceso a estos dispositivos durante la detención afectó su capacidad para comprender lo que estaba ocurriendo.

Autoridades educativas en California también reaccionaron al caso. El superintendente estatal de instrucción pública, Tony Thurmond, expresó preocupación por la deportación y pidió que el menor pueda regresar a Estados Unidos para continuar sus estudios en la California School for the Deaf, donde recibía apoyo educativo especializado.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la madre había recibido una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración en 2024 y aseguró que el proceso siguió los procedimientos legales. La agencia también afirmó que las familias tienen la opción de ser deportadas juntas o dejar a los menores con un tutor designado en Estados Unidos.

El caso ha reavivado el debate sobre las políticas de inmigración en Estados Unidos y el trato a familias migrantes, especialmente cuando involucran a niños con discapacidades o necesidades médicas especiales.