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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al gobierno de Estados Unidos tomar medidas más firmes para detener el flujo de armas que terminan en manos de los cárteles del narcotráfico, en medio de tensiones con el presidente estadounidense Donald Trump sobre cómo combatir el crimen organizado en la región.

Durante recientes declaraciones, Sheinbaum señaló que una gran parte del armamento utilizado por los cárteles proviene de Estados Unidos. Según estimaciones citadas por su gobierno, alrededor del 75 % de las armas usadas por grupos criminales en México tienen origen en territorio estadounidense, lo que ha reavivado el debate sobre el tráfico ilegal de armas a través de la frontera.

La mandataria mexicana afirmó que frenar ese flujo es clave para reducir la violencia en México y combatir a las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera. Durante años, autoridades mexicanas han insistido en que el fácil acceso a armas en Estados Unidos alimenta el poder de fuego de los cárteles. Investigaciones previas también han señalado que muchas armas utilizadas por estos grupos son compradas legalmente en estados fronterizos y luego traficadas hacia México.

El tema ha vuelto a tomar relevancia en medio de nuevas propuestas de seguridad en Washington. El presidente Trump ha impulsado iniciativas para combatir a los cárteles, incluso planteando una cooperación militar internacional para enfrentarlos, lo que ha generado debate sobre la estrategia que debería adoptarse contra estas organizaciones.

México, por su parte, ha insistido en que la solución debe incluir medidas contra el tráfico de armas y la cooperación bilateral. En 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda contra varios fabricantes de armas estadounidenses, acusándolos de prácticas negligentes en la comercialización y distribución de armas, aunque el caso fue posteriormente desestimado por la Corte Suprema de Estados Unidos.

El tráfico de armas hacia México ha sido un problema persistente durante décadas. Datos de autoridades estadounidenses han indicado que una proporción significativa de las armas recuperadas en escenas del crimen en México puede rastrearse hasta vendedores o distribuidores en Estados Unidos, especialmente en estados como Texas, Arizona y California.

Mientras continúan las discusiones políticas, expertos señalan que combatir el crimen organizado requerirá una estrategia conjunta que aborde tanto el tráfico de drogas como el de armas, además de fortalecer la cooperación entre ambos países.

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Las armadas de México y El Salvador anunciaron esta semana importantes incautaciones de cocaína en el Océano Pacífico, producto de operativos marítimos coordinados, en contraste con los mortales ataques de las fuerzas de Estados Unidos a embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

El gobierno mexicano informó que casi cuatro toneladas de drogas fueron confiscadas en una embarcación semisumergible ubicada a unos 250 millas náuticas al sur del puerto de Manzanillo, con tres personas detenidas. Con este operativo, el total de cocaína incautada esta semana por México ronda las 10 toneladas, según el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, con inteligencia compartida por fuerzas estadounidenses.

Por su parte, la marina de El Salvador efectuó la mayor incautación de cocaína en la historia del país: 6.6 toneladas halladas en un buque interceptado a cientos de kilómetros de la costa, con diez personas arrestadas de diversas nacionalidades. Las autoridades salvadoreñas señalaron que se evitó la circulación de más de 19 millones de dosis de droga.

Estos decomisos se producen en medio de una campaña de Estados Unidos que ha incluido ataques letales a embarcaciones sospechosas, que esta semana dejaron al menos once personas muertas en tres barcos, parte de las más de 140 muertes registradas desde septiembre pasado en acciones contra lo que Washington denomina “narcoterroristas”.

La postura del gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido más crítica respecto a los ataques estadounidenses, pese a los esfuerzos bilaterales para enfrentar el tráfico de drogas a gran escala.