CONCORDIA, México (AP) — En lo profundo de las montañas costeras sobre el puerto turístico de Mazatlán, en Sinaloa, pequeños pueblos a lo largo de una carretera sinuosa lucen casi desiertos. El silencio solo es interrumpido por el paso ocasional de un vehículo.

Fue cerca de uno de estos poblados, Pánuco, donde a finales de enero fueron secuestrados 10 trabajadores de una mina de oro y plata propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp.. Las autoridades han confirmado la localización de 10 cuerpos en fosas clandestinas; cinco ya fueron identificados como los mineros desaparecidos y otros restos continúan en proceso de identificación.

El caso ha generado nuevas dudas sobre la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha defendido una reducción significativa en los homicidios durante el último año como evidencia de avances en la lucha contra el crimen organizado.

Guerra interna del Cártel

Desde septiembre de 2024, dos facciones del Cártel de Sinaloa mantienen una disputa interna que ha extendido la violencia por todo el estado. El conflicto se intensificó tras la captura y entrega a autoridades estadounidenses de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que derivó en enfrentamientos entre su facción y el grupo conocido como “Los Chapitos”, ligado a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los detenidos por el secuestro pertenecerían a la facción de “Los Chapitos” y que, presuntamente, confundieron a los trabajadores con integrantes del grupo rival. Sin embargo, no se ha aclarado cómo pudo ocurrir esa supuesta confusión, ya que la empresa señaló que los empleados fueron privados de la libertad directamente en el sitio minero.

Presencia militar y temor persistente

Tras la desaparición, el gobierno desplegó más tropas en la zona montañosa y realizó operativos aéreos y terrestres. Aunque se lograron detenciones y el hallazgo de fosas clandestinas, habitantes y activistas denuncian que la seguridad sigue siendo frágil.

Organizaciones de derechos humanos que apoyan a desplazados por la violencia advierten que muchas comunidades han quedado prácticamente abandonadas. En varias localidades, maestros, médicos y transporte público han dejado de operar por miedo a los enfrentamientos.

En el poblado de El Verde, colectivos de búsqueda acompañan a las autoridades en la inspección de nuevas fosas. Familiares de desaparecidos exigen ampliar los operativos ante la sospecha de que podría haber más víctimas en la zona.

Minas bajo presión del crimen

En México, minas, huertos agrícolas y ductos de combustible han sido históricamente objetivos del crimen organizado, ya sea para extorsión o robo de materiales. El gobierno federal ha señalado que no existen reportes de que Vizsla Silver Corp. haya sido víctima de extorsión.

La empresa indicó en comunicados que colabora con las autoridades, que mantiene una política de “cero tolerancia” a la corrupción y que su prioridad es apoyar a las familias afectadas.

Mientras tanto, en ciudades como Mazatlán se han reforzado las medidas de seguridad ante eventos masivos, pero en las montañas de Sinaloa la incertidumbre persiste y la vida cotidiana continúa marcada por el miedo.