WASHINGTON — La corte suprema de los Estados Unidos dictaminó este viernes que los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, en un fallo de 6-3 que representa un duro revés para una de las políticas emblemáticas de su segundo mandato.
La opinión mayoritaria, redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, concluyó que el mandatario excedió su autoridad al imponer gravámenes sin una autorización clara del Congreso. El fallo elimina una herramienta diplomática que Trump había utilizado para renegociar acuerdos comerciales y recaudar decenas de miles de millones de dólares de empresas importadoras.
El tribunal rechazó el argumento de la Casa Blanca de que la International Emergency Economic Powers Act autorizaba implícitamente los aranceles. Roberts calificó la interpretación presidencial como “extravagante en cualquier medida” y sostuvo que, de haber querido otorgar ese poder extraordinario, el Congreso lo habría hecho de forma expresa.
“La aceptación de los argumentos de la administración reemplazaría la histórica colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia comercial por una formulación de políticas sin control presidencial”, escribió Roberts.
División en el tribunal
Los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh disentieron. Kavanaugh sostuvo que múltiples leyes han autorizado a presidentes a imponer restricciones a las importaciones y que la norma de 1977 permitía aplicar aranceles con mayor eficiencia durante emergencias nacionales.
En cambio, los magistrados Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, ambos designados por Trump, se sumaron plenamente a la opinión mayoritaria.
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson coincidieron en que los aranceles eran ilegales, aunque señalaron que no era necesario invocar la llamada “doctrina de las grandes cuestiones” para resolver el caso.
Trump responde y anuncia nuevas medidas
Tras conocerse la decisión, Trump calificó el fallo como “terrible” y “ridículo” y afirmó sentirse “avergonzado” de ciertos miembros del tribunal. Sin embargo, aseguró que su administración continuará adelante.
Horas después, anunció la firma de una orden para imponer un nuevo arancel global del 10%, basado en otras facultades legales. Según la orden, los bienes procedentes de Canadá y México que cumplan con el tratado comercial de América del Norte quedarían exentos.
El caso abarcaba dos grandes categorías de aranceles: uno aplicado a prácticamente todos los países con el objetivo declarado de corregir déficits comerciales, y otro dirigido a México, Canadá y China, a quienes la administración responsabilizó del flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.
Impacto económico y dudas legales
Tras el fallo, los mercados bursátiles registraron ligeras alzas, mientras que el dólar retrocedió y los rendimientos del Tesoro subieron moderadamente.
El tribunal no aclaró si el gobierno deberá reembolsar los aranceles ya recaudados, lo que abre la puerta a una nueva ola de litigios. Cientos de empresas ya han presentado demandas preventivas para preservar su derecho a reclamar devoluciones.
En la próxima década, los aranceles impuestos bajo poderes de emergencia estaban proyectados para recaudar aproximadamente 1,5 billones de dólares, según estimaciones citadas en el proceso judicial.
Hasta ahora, ningún presidente había invocado la ley de poderes de emergencia de 1977 para imponer aranceles de esta magnitud. Tribunales inferiores ya habían declarado ilegales las medidas antes de que el caso llegara al máximo tribunal.
La decisión marca el primer gran límite impuesto por la Corte Suprema a una política clave del segundo mandato de Trump y reabre el debate sobre el alcance del poder ejecutivo en materia comercial.
