Texas ha emergido como el epicentro más mortal de las detenciones migratorias bajo la política actual de inmigración de Estados Unidos, con al menos seis personas muertas mientras estaban bajo custodia de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en solo seis semanas. Esta cifra forma parte de un total récord de muertes en detención en todo el país, el más alto en dos décadas.

Uno de los casos que ha generado mayor atención fue el del cubano de 55 años Geraldo Lunas Campos, quien murió el 3 de enero de 2026 en el vasto campamento de tiendas conocido como Camp East Montana, ubicado en la base militar de Fort Bliss en El Paso. Aunque ICE reportó inicialmente que había sufrido “problemas médicos”, la oficina del forense del condado de El Paso calificó su muerte como homicidio por asfixia tras restricción física por parte del personal del centro.

Los documentos y testimonios de otros detenidos describen cómo Campos rogó durante días por su medicación para el asma antes de ser llevado a un área de aislamiento. Algunos testigos afirman haber escuchado ruidos de un forcejeo y luego el silencio, lo que ha aumentado la presión para una investigación independiente y responsabilidades legales.

En ese mismo período, otros inmigrantes también murieron bajo custodia, incluyendo un guatemalteco que falleció en diciembre pasado por fallos hepáticos y renales tras pasar más de dos semanas hospitalizado, y un nicaragüense que fue hallado inconsciente con una cuerda alrededor del cuello.

Los expertos señalan que este aumento de muertes en los centros de detención se da en medio de condiciones de hacinamiento, un déficit de personal y atención médica deficiente, especialmente después de que cambios burocráticos en la administración hayan dificultado los pagos a proveedores de salud que atienden a los detenidos.

Actualmente, Texas alberga la mayor población de detenidos por ICE en Estados Unidos, con más de 18 700 personas en varios centros dentro del estado. Muchos de los detenidos enfrentan procesos solo por infracciones civiles de inmigración y no delitos penales, lo que ha levantado cuestionamientos sobre la política y las prácticas de detención y deportación en curso.

Organizaciones de derechos humanos y defensores de inmigrantes han solicitado investigaciones independientes, mayor transparencia y mejores protocolos médicos y de supervisión para evitar más pérdidas de vidas en custodia federal.