Estados Unidos Headlines

Un ex instructor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) declaró el lunes ante legisladores que la agencia ha eliminado cientos de horas de capacitación “vital” para los nuevos agentes y mintió al Congreso sobre esos cambios, mientras la administración Trump expande rápidamente sus operaciones de deportación masiva. 

Ryan Schwank, abogado y ex instructor en la academia del ICE en Georgia, renunció recientemente al cargo y dijo a un panel conjunto de senadores y representantes que ICE eliminó aproximadamente 240 horas de clases obligatorias dentro del programa de formación de 580 horas. Entre los temas recortados, según Schwank, están la instrucción sobre los límites legales del uso de la fuerza, manejo seguro de armas y procedimientos correctos para arrestos y detenciones. 

“El cumplimiento de la ley es un asunto sumamente serio. No es lugar para atajos”, afirmó Schwank, advirtiendo que una formación deficiente puede provocar muertes. También acusó a la agencia de instruir a los nuevos oficiales en políticas que podrían violar derechos constitucionales. 

El testimonio de Schwank se produce semanas después de que el director interino de ICE testificara ante el Congreso que la agencia no ha recortado el “contenido esencial” de la capacitación a pesar de reducir el número de días de instrucción básica. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los reclutas reciben ahora 56 días de formación junto con un promedio de 28 días adicionales de capacitación práctica en el terreno. 

Schwank aseguró que el personal fue instruido para no divulgar detalles sobre cambios en las políticas internas, incluyendo una nueva directiva que permite a agentes ingresar a residencias con “órdenes administrativas” aprobadas por altos mandos, en lugar de órdenes judiciales firmadas por jueces federales.  

America Latina Estados Unidos Headlines

Carlos Eduardo Espina, un creador de contenido de 27 años con más de 15 millones de seguidores en TikTok, está ganando cada vez más protagonismo en la política demócrata de Texas gracias a su gran alcance en redes sociales y su conexión con la comunidad hispana.

Espina, que comenzó publicando videos sobre fútbol, comida y temas migratorios, ha pasado esta temporada electoral de aparecer en eventos de campaña a encabezar mítines y protagonizar anuncios televisivos en español para candidatos demócratas como James Talarico.

Aunque su papel en campañas políticas ha crecido, él asegura que no está siendo pagado por los políticos que apoya, sino que respalda a quienes considera que representan los intereses de su audiencia y su comunidad.

Graduado en leyes y fundador de la organización sin fines de lucro Migrantes Unidos en Houston —que ofrece servicios legales y educativos a inmigrantes—, Espina dice que su activismo político forma parte de su compromiso continuo para defender a quienes lo siguen y a las comunidades migrantes.

Su presencia constante en eventos electorales, desde el Valle del Río Grande hasta barrios de Houston, refleja una estrategia más amplia del Partido Demócrata para conectarse con votantes latinos a través de voces que ya tienen una relación establecida con el público hispanohablante.

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NUEVA YORK — Los demócratas electos en las principales ciudades de Estados Unidos se han unido para intentar bloquear las agresivas operaciones de inmigración del gobierno de Trump, como la que actualmente está finalizando en Minneapolis, implementando una serie de cambios en las políticas y prometiendo procesar a los agentes que violen las leyes locales.

En las últimas dos semanas, los alcaldes de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Boston, Oakland y Seattle han firmado órdenes ejecutivas que intentan restringir cómo y dónde los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden operar en sus ciudades. Estas políticas buscan restringir el acceso de ICE a propiedades y parques municipales y, en algunos casos, ordenar a la policía local que vigile las actividades de los agentes federales.

En una medida correspondiente, un grupo de aproximadamente una docena de fiscales locales ha advertido que los agentes de ICE serán procesados bajo la ley local si cometen un crimen mientras llevan a cabo sus funciones para detener a inmigrantes indocumentados. El grupo, liderado por el fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner (D), ha prometido que tales procesos podrían ocurrir incluso después de que Trump deje la Casa Blanca.

“Los apaciguadores fracasan, y la gente responde cuando se enfrenta a un enemigo de esta naturaleza”, dijo Krasner en una entrevista. “Y estos son los enemigos de los Estados Unidos de América porque estas personas son profundamente anti-igualdad y anti-estadounidenses.”

Los esfuerzos, coordinados por grupos de derechos civiles y alineados con los demócratas, marcan una nueva fase en la creciente batalla entre Trump y los funcionarios electos locales, quienes temen que sus ciudades sean las siguientes en ser objetivo de la ofensiva federal contra las leyes de inmigración. El martes, el gobernador de Maryland, Wes Moore (D), firmó una ley que convierte a Maryland en el último estado en prohibir la cooperación formal de las fuerzas del orden locales con las autoridades federales en detenciones de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios sobre este artículo.

En el último año, Trump ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles y Washington D.C., además de enviar grandes cantidades de agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza a esas ciudades, Chicago, Portland y Minneapolis. La semana pasada, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció el fin de la ofensiva en Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, fueron asesinados por personal federal.

Estas muertes han erosionado el apoyo público hacia la dura política migratoria de Trump y han galvanizado a los líderes locales, quienes buscan cómo proteger sus ciudades de las operaciones de ICE. Los expertos legales dicen que la creciente división entre los líderes federales y locales plantea preguntas complejas sobre el federalismo, la inmunidad calificada y la 10ª Enmienda, que establece que los poderes no delegados al gobierno federal pertenecen a los estados.

“Si bien no estamos en terreno sin precedentes, ciertamente estamos en un terreno históricamente inusual”, dijo César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio, quien estudia la política de inmigración. “Hay muchas preguntas sin respuesta.”

Muchos de los decretos ejecutivos recién emitidos incluyen regulaciones que prohíben que los agentes federales usen mascarillas y les impiden utilizar propiedades municipales para llevar a cabo sus operaciones.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (D), prohibió que agencias de aplicación de la ley ajenas a la ciudad usen propiedades municipales, incluidos estacionamientos, como “áreas de preparación, lugares de procesamiento o bases de operaciones”. En una ciudad donde los parques representan el 14 % de la superficie, esta política podría tener grandes implicaciones sobre cómo operarán los agentes federales.

“La ciudad tiene control sobre su propiedad”, dijo Bitta Mostofi, asesora principal de Mamdani en asuntos relacionados con la inmigración. “Estamos dejando muy claro que, aunque hay una delimitación de autoridades, estamos tomando acción sobre lo que podemos controlar, y la propiedad es un ejemplo de eso.”

Mamdani también ha insistido en que los esfuerzos de Nueva York para proteger a sus ciudadanos continuarán expandiéndose. La semana pasada, invitó al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey (D), para discutir pasos adicionales que las ciudades deben tomar para contrarrestar a ICE. Mamdani dijo que está “construyendo relaciones con alcaldes de todo el país” para “aprender de otras ciudades y de lo que podemos compartir con las lecciones de las nuestras”.

America Latina Headlines Honduras

La administración del presidente Donald Trump rechazó una orden judicial para facilitar el regreso a Estados Unidos de Any Lucía López Belloza, una estudiante universitaria que fue deportada por error a Honduras pese a una orden que prohibía su expulsión.

López Belloza, de 20 años, estudiante de primer año en Babson College en Massachusetts, fue detenida el 20 de noviembre en el Aeropuerto Logan de Boston mientras viajaba a Texas para sorprender a su familia en el feriado de Thanksgiving. Dos días después, fue enviada a Honduras, aunque la expulsión contravenía una orden judicial de emergencia que la protegía de ser removida del país por 72 horas.

El gobierno federal reconoció ante el tribunal que la deportación fue un “error involuntario” de un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), pero afirmó que no facilitará su regreso porque López Belloza “parece inadmisible” bajo las leyes de inmigración y seguiría sujeta a remoción si regresara.

Un juez federal de distrito había sugerido como posible solución otorgar a la estudiante una visa de estudiante o un estatus migratorio similar, pero el gobierno respondió que esa opción es “inviable” porque ella no cumple con los requisitos y está sujeta a una orden final de deportación.

La abogada de López Belloza ha señalado que seguirán litigando hasta lograr su retorno a Estados Unidos, mientras la joven continúa sus estudios a distancia desde Honduras, donde vive con sus abuelos.

America Latina Uncategorized Venezuela

Un fallo de un juez federal estadounidense ha dado esperanza y miedo a uno de los venezolanos deportados por la administración Trump, quienes habían sido enviados a una prisión notoria en El Salvador. El juez del distrito estadounidense, James Boasberg, ordenó el jueves en Washington DC que los deportados que se encuentran en países fuera de Venezuela deben ser autorizados a regresar a EE.UU. para luchar por sus casos. Esta decisión está dirigida a aquellos que fueron expulsados ilegalmente de EE.UU. en marzo de 2024.

Boasberg expresó que el gobierno de EE.UU. debe cubrir los costos de viaje para aquellos que deseen regresar y argumentar sus casos de inmigración en corte. Luis Muñoz Pinto, uno de los deportados, habló exclusivamente con The Guardian desde Bogotá, Colombia. Muñoz Pinto fue acusado erróneamente de pertenecer a la peligrosa banda criminal venezolana Tren de Aragua, a pesar de no tener antecedentes penales y no haber cometido ningún crimen relacionado con la banda.

Muñoz Pinto, quien había sido estudiante de ingeniería y se había refugiado en Colombia antes de intentar llegar a EE.UU., teme regresar y ser detenido nuevamente, lo que podría llevarlo a una situación aún peor. “¿Te imaginas lo que vivió mi familia al enterarse de que fui enviado a esa prisión en El Salvador? Pasé de perseguir un sueño a ser humillado por los guardias que me golpeaban”, dijo.

En marzo de 2024, más de 250 venezolanos fueron deportados de forma repentina a El Salvador, lo que incluyó condiciones de detención extremas y alegaciones de tortura por parte de los guardias. Muchos de estos deportados fueron enviados a la prisión mega Cecot, donde se les negó contacto con abogados y familiares.

Aunque el fallo de Boasberg podría permitir que algunos regresen, la administración Biden ha expresado su preocupación por las implicaciones de política exterior, y se teme que las audiencias remotas o el regreso de los deportados puedan generar interferencias por parte de elementos antiamericanos en Venezuela.

Muñoz Pinto aún se debate entre regresar a EE.UU. y enfrentar otra pesadilla o mantenerse en su situación actual. “Sé que Trump me deportó a Cecot y no he superado esa pesadilla, pero EE.UU. sigue siendo la tierra de las oportunidades”, dijo, reconociendo la difícil decisión que enfrentará si se presenta la oportunidad de regresar.