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Tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (El Mencho), se ha esparcido una ola de violencia que ha afectado zonas cercanas a conocidas zonas turísticas de México, aunque muchas playas y centros vacacionales siguen funcionando con normalidad, según un informe del medio People.

La violencia comenzó el 22 de febrero cuando fuerzas especiales mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. En respuesta, el CJNG realizó actos de violencia en varios estados, incluidos Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Se reportaron bloqueos de carreteras, quema de vehículos y enfrentamientos con autoridades, lo que provocó alertas de seguridad y perturbaciones en el transporte.

Estas acciones afectaron el tráfico aéreo y marítimo: varias aerolíneas estadounidenses cancelaron vuelos a destinos como Puerto Vallarta y Guadalajara, y líneas de cruceros modificaron sus itinerarios para evitar puertos en zonas con incidentes. Además, plataformas de alojamiento como Airbnb activaron políticas especiales para permitir cancelaciones y reembolsos a viajeros.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos llegó a emitir recomendaciones para que ciudadanos estadounidenses se refugiaran en interiores debido a bloqueos y disturbios, aunque esas advertencias fueron flexibilizadas cuando el tránsito y los servicios empezaron a normalizarse.

A pesar de la violencia en áreas cercanas, muchos destinos turísticos —incluyendo zonas hoteleras y resorts— no han sido directamente impactados y continúan operando con relativa normalidad. Expertos en seguridad recomiendan precaución y mantenerse informados antes de viajar, especialmente a estados donde la situación permanece volátil o hay avisos de “no viajar”.

La situación subraya los retos continuos que enfrenta México en materia de seguridad, donde la presencia de grupos criminales y las respuestas estatales influyen en la percepción internacional sobre la seguridad en viajes.

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Un informe reciente revela que las desapariciones en México se han disparado más de un 200 % en los últimos 10 años, con más de 130 000 personas consideradas desaparecidas o “no localizadas” oficialmente, reflejando una crisis humanitaria ligada a la violencia de los cárteles y a la incapacidad institucional de responder al problema.

Según la organización México Evalúa, grupos del crimen organizado han ampliado su control territorial y diversificado sus actividades delictivas, incluidos secuestros, reclutamiento forzado, tráfico de personas y órganos. Esta expansión ha contribuido al incremento de desapariciones, ya que las organizaciones criminales optan por “hacer desaparecer” a sus víctimas oponentes para evitar la atención de las autoridades.

Aunque se han implementado esfuerzos gubernamentales como la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2018 y un registro público de desaparecidos, el impacto ha sido limitado por falta de recursos y por interferencias políticas. Anteriormente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador redujo de forma polémica las cifras oficiales de desaparecidos, lo que generó críticas sobre la transparencia de los datos.

Datos más recientes señalan que en 2025 se registraron decenas de miles de personas desaparecidas, e incluso informes alternativos muestran un aumento de casos en el primer año de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Expertos sostienen que la verdadera cifra podría ser aún mayor debido al subregistro y a un sistema de justicia con altos niveles de impunidad.

En este contexto, la comunidad y las familias afectadas han asumido en muchos casos la búsqueda de sus seres queridos, organizando grupos de búsqueda y presionando por mayor transparencia y respuesta estatal. La crisis —que abarca desde jóvenes hasta trabajadores secuestrados en regiones como Sinaloa— continúa desafiando las políticas de seguridad del país.

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